PACTO PP & CIU: LA DOCTRINA DEL SHOCK

Es cierto que torpezas en las declaraciones desde algunos sectores centralistas, como el del presidente de la Comisión Constitucional en 2006, don Alfonso Guerra, cuando expresó: “Nos hemos cepillado el Estatuto de Cataluña”, o los tres años de espera a la solución del Tribunal Constitucional, han enerbado el sentimiento identitario y de agravio de los sectores nacionalistas catalanes. Pero también es verdad que cuando Zapatero promulgó su electoralista: “Aprobaré el Estatuto como salga del Parlamento de Cataluña”, nadie en Cataluña pedía un nuevo Estatuto, y fue votado con una abstención del 50,59%, y de entre los que se molestaron en votar, un 20,76% de votos fueron negativos, y un 5,34% en blanco.

Pero las cosas no eran lo mismo en el 2006 que en ahora en el 2012, cuando la tasa de paro en Cataluña en septiembre era del 22,56% y siguía aumentando, cuando Cataluña tiene la mayor deuda pública de España, valorada en 42.000 millones de euros y ha tenido que ser intervenida por el estado, y cuando su administración esta sometiendo a toda clase de recortes a los servicios públicos. Esto sí es motivo de crispación identitaria.

Los partidos nacionalistas catalanes saben de sobra que fiscalmente no existe ninguna discriminación comparativa del estado hacia Cataluña. Aún así, la Generalitat ha inventado un supuesto expolio fiscal que, mediante unos cálculos llenos de artimañas contables, valora en el 8,4% del PIB catalán, y el programa electoral de CIU ya exigía un pacto fiscal que privilegiase a Cataluña como el estado lo hace con País Vasco o Navarra. Algo fiscalmente inviable, pero como explica Ángel de la Fuente, Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania, y Científico Titular del Instituto de Análisis Económico del CSIC, “esto es algo que saben de sobra los partidos nacionalistas catalanes”. Al igual que también sabían que era inviable política y constitucionalmente la propuesta de Estatuto que recogía la Disposición Adicional Tercera y que también derogó el Tribunal Constitucional, que establecía que “la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña …..[en torno al 18%] para un periodo de siete años”, una especie de sistema de concierto vasco que ahora motiva a los nacionalistas catalanes a reclamar 759 millones de euros al estado. Y como explica este autor, “si aún sabiéndolo optan por embarcarse otra vez en la misma aventura, la única conclusión posible es que lo hacen con el objetivo de tener un motivo más de agravio”.

Decía Goebels, encargado del Ministerio de Propaganda de la Alemania Nazi, que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”.

Así es, la Generalitat esta buscando motivos de agravio. Con la proclama del expolio fiscal llegaron a unir en una manifestación secesionista a lo que dicen fue un millón y medio de personas, adelantando unos comicios a noviembre de 2012, que como resultado simplemente consiguió radicalizar el voto independentista, de tal forma que, aún manteniendo casi exactamente los mismos escaños repartidos entre los partidos soberanistas, CIU acaba perdiendo 12 de ellos trasladados ahora a ERC. También el PP, por primera vez en su historia ganaba 19 escaños en el parlamento catalán. Y aún así, el presidente Artur Mas continúa embarcándose en una consulta soberanista pactada con ERC para el 2014.

Al Sr. Mas se le puede disculpar su ignorancia sobre la historia de España, pues ha sido educado en el Liceo francés. Más complicado es disculparle un desconocimiento sobre el beneficio que para la industria catalana supone, y ha supuesto históricamente, el mercado interno español que la oligarquía industrial textil catalana, a la que su familia pertenece, siempre fue tan ansiosa de proteger. Pero es imposible concebir que el Sr. Mas desconozca que hoy en día la independencia de Cataluña es materialmente imposible, pues el Sr. Mas es licenciado en economía por la Universidad de Barcelona, y sabe perfectamente que Cataluña tiene los mercados internacionales cerrados para financiar una deuda que la independencia podría triplicar a la actual, valorada en 42.000 millones de euros, ya intervenida por el estado.

Por otro lado, como un bloggero de una noticia del periódico digital El País comentaba, si esto es cierto, ¿por qué el gobierno central no lo explica?. Ciertamente, ¿Por qué no explica las artimañas fiscales del expolio fiscal más que aireado en los medios de comunicación, o la imposibilidad de una Cataluña independiente para financiar su deuda?. ¿Por qué exacerba los ánimos independentistas con declaraciones belicistas como el uso de los mecanismos jurídicos del estado para paralizar una consulta o la propuesta de una reforma educativa, que independientemente de su sentido de justicia, es tan conflictiva en este momento?

Ciertamente el gobierno central no habría de estar muy preocupado por una consulta soberanista. De hecho, contando que todos los votantes de CIU fuesen independentistas, que no lo son, los partidos soberanistas catalanes han acumulado en estos comicios de 2012 un 49,12% de los votos. Para hacer efectiva la independencia de Cataluña, el porcentaje de votantes que deseasen este estatus habría de ser claramente mayoritario, en torno al 60%. El diario catalán el Periódico, a través de una completa encuesta realizada tras la Diada de 2012 a los votantes de todos los partidos con presencia en Cataluña, aportaba el dato que solo un 34,1% de los catalanes quería la independencia. De los votantes de CIU, el 47,3% optaban por elegir la independencia y un 31,8% por un Estado Federal, y un 76,7% de los votantes de ERC preferían la independencia con respecto a un 18% que se conformarían con una Cataluña Federal dentro de España.

Pero tanto PP como CIU, a través de la crispación política y la idea de realizar una consulta secesionista, que según los expertos, no podría hacerse efectiva, están ambos ganando un importante rédito electoral, y nos han desviado la atención a todos los españoles, especialmente los catalanes, sobre el mayor proceso de recortes del estado de bienestar que ha existido en toda la historia de la democracia. 

Así, me viene a la memoria un documental que trata de la DOCTRINA DEL SHOCK, un libro de 2007 escrito por la periodista canadiense Naomi Klein, que explica que las políticas neoliberales de Milton Friedman, dada su impopularidad y rechazo por las masas sociales, han tenido que ser implantadas en muchas economías provocando desastres o contingencias psicológicamente impactantes para sus sociedades, que ante la conmoción y confusión por esos acontecimientos, las hacían más sumisas a la hora de acatar las reformas estructurales que implican la implantación de dichas políticas en sus economías.

Como ejemplo de esas perturbaciones sociales aprovechadas para implantar las impopulares reformas neoliberales, la autora habla del 11 de septiembre, el Tsunami de 2004 en Indonesia, la crisis financiera asiática de 1997 para establecer el modelo capitalita en ciertos países asiáticos, el bombardeo del Kremlin en Rusia, o la Guerra de las Malvinas, que fue aprovechada por Margaret Thatcher para, sin hacer un uso excesivo de la violencia, bloquear la actividad de los sindicatos mientras se cerraban las minas y plantas productivas inglesas, que llevó a Reino Unido a implantar la política neoliberal más desarrollada de Europa.

El Premio Nobel y ex economista jefe del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, afirmó sobre el libro de Klein que contiene "una rica descripción de las maquinaciones políticas necesarias para obligar a desagradables políticas económicas en los países en resistencia."

Dejo un aquí un enlace al documental sobre el libro realizado por  Michael Winterbottom y Mat Whitecross. http://www.youtube.com/watch?v=gP591bZNc0I

La doctrina del shock no implica necesariamente que los gobiernos provoquen situaciones indeseables sobre las poblaciones que gobiernan para implantar las políticas económicas neoliberales, sino más bien, sin necesidad de ello, pueden aprovecharse de estas situaciones para implantarlas.

El sentimiento de suspicacia sobre un posible provecho, tanto por parte del PP como de CIU, para centrar la atención de los ciudadanos en este fenómeno de crispación política parece fundamentado.

Durante la época de bonanza, toda España, y la Generalitat en particular, aumentaron estrepitosamente su déficit con el mal gasto de fondos públicos en construcción de aeropuertos, improductivas redes ferroviarias, carreteras y otras infraestructuras absurdas. Como explica el profesor de economía Xavier Sala i Martín, con respecto a la Generalitat,  entre 2003 y 2008 (durante los gobiernos tripartitos de Pascual Maragall y José Montilla), la deuda absoluta de Cataluña aumentó en casi un 50% y más tarde, una vez iniciada la crisis en el 2008, como existían unos compromisos electorales de gasto, se siguió gastando hasta doblar la deuda encontrada en 2008. Así, se pasó de una deuda pública en Cataluña que en el 2003 era del  7,4% del PIB, al 17.3% en 2010.

Como explica Vicent Navarro en su columna del diario Público, CiU apoyó todas las medidas de recortes de gasto público llevadas a cabo por los gobiernos españoles. Aprobó en las Cortes Españolas la propuesta del Gobierno Zapatero de congelar las pensiones, incluyendo, naturalmente, las pensiones catalanas , y más tarde apoyó igualmente en las cortes al PP en la bajada de impuestos, específicamente en el impuesto de Sociedades y en las rentas superiores, la eliminación del impuesto de patrimonio, el mantenimiento de rebajas fiscales sobre el impuesto de sucesiones, y los recortes en la sanidad pública, que implicaban una reducción de 6.000 millones de euros, el posible desmantelamiento de este servicio.

Del mismo modo el PP en el parlament apoyó a CIU en sus medidas de recortes de gasto público, que según declaraciones de los portavoces del Gobierno CiU, trataban de impresionar a Bruselas de la “seriedad y compromiso del Gobierno de la Generalitat”, palabras semejantes a las usadas por los portavoces del PP, ambos partidos con la proclama de que 2no había otra alternativa”.

Es posible que Bruselas pusiese estos condicionantes a España, especialmente ante el rescate de la banca española, de la misma forma que lo hacen los mercados internacionales a través de los incrementos de la prima de riesgo española, pero lo cierto es que ambos partidos, CIU y PP, han ido de la mano en la aplicación de unas medidas económicas que no están dando los resultados esperados. Como explica Vicent Navarro, a pesar de los enormes recortes  durante el gobierno de CIU desde “2010, (….) la deuda pública se disparó pasando del 17% del PIB en Catalunya al 22% en 2012, uno de los mayores incrementos de la deuda pública ocurridos en los países de la Eurozona”.  En el conjunto del estado ocurre un tanto de lo mismo. En el segundo trimestre de 2012 la deuda pública española se situaba en el 76%, 9,3 puntos por encima del 66,7% del mismo trimestre de 2011, aunque aún lejos del 90% de media europea.

La realidad es que, como explica Onésimo Alvarez-Moro, en el blog naranja, “los gastos sociales y de salud españoles están notablemente por debajo del promedio de los gastos europeos y ahora que el gobierno debe buscar donde cortar, lo que no debe hacer es cortar en esas partidas”. Vicent Navarro y Euroestat proporcionan unos gráficos que aporto que lo demuestran. Un país como Alemania tiene un gasto público relativo a su PIB en sanidad superior al español, aún con un sistema de seguro sanitario obligatorio para sus ciudadanos con menos coberturas que en España. También gastamos menos en educación, seguridad e investigación que la media europea.

A parte del ciclo económico, una de las causas de la disminución de los ingresos del Estado ha sido la bajada de impuestos que afectan a las rentas superiores, que el Gobierno español, con el apoyo de CiU, ha llevado a cabo. Solo en 2007, la bajada de ingresos al conjunto del Estado que implicaron este tipo de medidas fiscales, supusieron según el Ministerio de Hacienda, la reducción de 19.540 millones de euros para las arcas del estado.

El mismo FMI explicaba que “las naciones que reducen drásticamente su gasto público desaceleran sus economías”. Como explica Vicent Navarro, el Gobierno Cameron de Gran Bretaña ha tratado de reducir el déficit público, no sólo recortando el gasto público, sino también aumentando los impuestos. “El Gobierno Obama de EEUU  intentó una reducción del déficit a base de un equilibrio 50%/50%”. Hollande, ha aplicado un programa en el que “el 80% de la reducción del déficit público se ha hecho a costa de aumentar los impuestos del capital y de las grandes fortunas, y sólo un 20% a base de más recortes del gasto público”.

En España, casi el 100% del control de gasto público se ha hecho con recortes a los servicios públicos en sanidad, educación, sueldos de funcionarios, I+D, etc, además de la reducción de las protecciones sociales a los trabajadores. En cambio, ni PP ni CIU, han tratado por ejemplo en el parlamento algún tipo de medida contra el enorme fraude fiscal, “muy acentuado entre las rentas superiores de Catalunya y en las grandes empresas”. Según V. Navarro, “aplicando a Catalunya la metodología utilizada por los técnicos de Hacienda para calcular el tamaño del fraude, éste es en Catalunya de 18.000 millones de euros (cifra que los propios técnicos consideran muy conservadora)”, mayor que el importe de 16.409 millones que la Generalitat aqueja de no volver anualmente a Cataluña tras ser recaudados por el estado.

Resulta bastante evidente, que intencionadamente o no, tanto PP como CIU están exacerbando el debate secesionista mientras implantan todo tipo de medidas en contra del interés de la sociedad española, también la catalana.

Bien han aprovechado la crispación social que llevó a la masiva manifestación secesionista de la Diada, o bien ellos mismos la han provocado (recordemos que CIU fletó un buen número de autobuses e incluso trenes para transportar a los manifestantes), el caso es que el proceso de secesión, y todo lo referente al gobierno de la generalitat, lleva ocupando desde el 11 de septiembre de 2012 las primeras páginas de todos los medios informativos. El 15M ha desaparecido de los medios, el interés por los recortes también. Mientras tanto, se desmantela el estado de bienestar español. Ahora solo preocupa una independencia que los expertos consideran imposible.