¿CONVIENE A CATALUÑA UN ESTADO FEDERAL?

Por definición, una federación (del latín federare, "unión") es una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas. Generalmente asociado directamente a la conformación de Estados conformados a su vez por la reunión de varias entidades territoriales y políticas. También suele denominarse Estado federal o república federal y, generalmente, tiene un sistema político republicano y excepcionalmente monárquico.

En el plano macro-político las federaciones están compuestas por divisiones territoriales que se autogobiernan, a las cuales se llega a dar con frecuencia el nombre de estados, cantones, regiones, provincias u otras, que gozan de un mayor o menor grado de autonomía pero que, en cualquier caso, tienen facultades de gobierno o legislación sobre determinadas materias, distintas de las que corresponden a la administración federal (gobierno de la federación). El estatus de autogobierno de las regiones que lo componen está establecido por su constitución y, habitualmente, no puede alterarse unilateralmente por decisión del gobierno de la federación.

Como se puede observar, las similitudes con la estructura política y territorial de nuestro país, España, son enormes, hasta el punto que simplemente parece cambiar el nombre. El 15 de junio de 1977, se realizan las primeras elecciones libres después de cuarenta años, y las candidaturas que recogían el espíritu autonomista obtuvieron más del 75% de los votos y 37 diputados sobre 47 posibles. En 1978 se aprobaba la Constitución española, y en 1979 el nuevo Estatuto catalán, un estatuto mucho más generoso que el aprobado durante la 2ª República.

El gobierno socialista en democracia, desarrollaría un modelo autonómico que convertiría a España en el Estado más descentralizado de Europa, también el más caro, y la actual Constitución Española del 78 permite ciertas asimetrías en las CCAA de Navarra y País Vasco que no se encuentran en ningún estado federal de occidente.

Así, Angel de la Fuente, Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania, en su trabajo para el Instituto de Análisis Económico (CSIC), expone literalmente que existe una: “enorme rebaja en la aportación de los territorios forales a la caja común del Estado (…) por qué éstos disfrutan de una financiación por habitante (medida a competencias homogéneas) superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a pesar de contar con una normativa fiscal que tradicionalmente ha sido algo más laxa (especialmente en lo que afecta a los impuestos de sociedades y sucesiones). También explica por qué, pese a tratarse de dos de las regiones españolas de mayor renta per cápita, tanto el País Vasco como Navarra presentan un saldo fiscal positivo. Esto es, ambas comunidades están siendo subvencionadas por territorios que en promedio son más pobres. Entre estos últimos está Cataluña, cuya contribución a tal subvención rondaría los 1.000 millones de euros”.

Como del mismo modo explica el profesor, estas diferencias no se deben a la aplicación del sistema foral per se, sino a la forma en que este es aplicado. El autor indica que “el sistema foral per se, comporta ciertas peculiaridades institucionales y competenciales pero no implica necesariamente ningún privilegio económico. A diferencia de lo que sucede en el resto de España, la Agencia Tributaria estatal prácticamente no recauda ningún impuesto en el País Vasco y Navarra. Son las haciendas forales las que gestionan tales tributos y gozan además de amplias competencias normativas en materia de impuestos directos de las que carecen otras regiones. (…) “Si los principios generales y las reglas de valoración contenidos en la Ley del Concierto, se aplicasen de una forma medianamente razonable, el sistema de concierto debería ser casi neutral...”.

El problema de España entonces, no son las limitaciones o rigideces que pueda implicar el estar constituido como un Estado Soberano, el desarrollo autonómico permite excepciones fiscales no contempladas en ningún otro país federado occidental. Como reconoció el mismo conseller d´Economia de la Generalitat, Mas-Colell, tampoco existen límites fiscales del 4% ni de ningún otro tipo en la carga fiscal de los estados de países federados como Alemania o EE.UU, además que algunos aportan bastante más que Cataluña usando el mismo método de cálculo que en 2009, flujo monetario (ingreso-gasto) sin neutraliza, por la que se obtuvo la famosa cifra del 8,4% de déficit fiscal, y que en Alemania o EE.UU. puede ser superior en ocasiones al 10% y 12%.

El Ministerio de Hacienda alemán obliga a que un Land pobre cuya capacidad financiera por número de habitantes esté entre el 70 ó 90 por ciento de la media, debe nivelarse, mediante la transferencia de los Länder ricos, hasta el 91 ó 96 por ciento, respectivamente. Correlativamente, un Land rico cuya capacidad financiera por habitante supera entre el 110 ó 130 por ciento de la media, tras la nivelación interregional, su capacidad financiera quedaría en el 104 ó 109 respectivamente. Luego el Gobierno federal ayudaría al Land pobre a alcanzar el 97,5 ó 98,5 por ciento de la media mediante transferencias adicionales, sin alterar de este modo el orden que había antes de la redistribución.

Por lo que a Cataluña respecta, un sistema de este tipo no tiene porque interesarla o dejar de hacerlo, pues el porcentaje de aportación variará en función de las necesidades de los otros estados o regiones federadas, sin mayores restricciones, del mismo modo que hoy ocurre en España. A este respecto, las presiones políticas han evitado que los márgenes de aportación por parte de las distintas CC.AA. en nuestro país hayan sido excesivamente elevados, y Cataluña particularmente ha recibido aportaciones muy superiores a la media del resto de CC.AA. Así, usando el método ordinario que la Generalitat usaba desde el 2004 (carga-beneficio sin neutralizar con el gasto estatal en cada comunidad), en una serie de 25 años, el déficit ha variado en Cataluña entre el 5,5% y el 6,5%, y en el año 2009 presentaba un superávit del 2,1% (aunque fuese de la deuda contraída por el estado).

Los datos muestran que entre el 2001 y el 2012, Cataluña ha sido la segunda comunidad en asignación de inversión en términos absolutos, el 14,6% del total, solo por detrás de Andalucía y un punto más que Madrid. Paradójicamente el gobierno central del PP aumento las inversiones en Cataluña entre 1999 y 2004 una media del 33,32% anual, siendo reducidas a un incremento 2,58% en el periodo de Zapatero 2005-2007